Airbnb le pidió al gobierno español «replantear» las políticas turísticas y de vivienda en Madrid y Barcelona

Airbnb se mostró en desacuerdo con las recientes decisiones que han tomado los gobiernos de Madrid y Barcelona para controlar los alquileres vacacionales a corto plazo debido al turismo masivo. La compañía está presionando a los ayuntamientos porque dice que amenazan su modelo de negocio y pide que se replanteen las decisiones.

«Airbnb solicita que su Gobierno se replantee el enfoque de las políticas turísticas y de vivienda […], a fin de encontrar soluciones reales al problema de la vivienda y del turismo de masas», escribió Sara Rodríguez, la directora de políticas públicas y campaña para España y Portugal de la empresa, en una carta abierta dirigida al alcalde de Barcelona Jaume Collboni

Asimismo, y según medios locales, José Luis Martínez-Almeida, el alcalde de Madrid, recibió un escrito similar.

La compañía ya había expresado su preocupación anteriormente por un decreto que incluye nuevos requisitos que «generan confusión» y «cargas administrativas adicionales» innecesarias a los anfitriones que desean compartir sus viviendas.

Airbnb dijo que la propuesta española no sé regia con el propósito que tiene la Unión Europea (UE)  de buscar un intercambio de información entre gobiernos. Asimismo, dijo que en Nueva York y Escocia las restricciones se han visto reflejadas con precios más altos para los turistas.

Y de igual forma, destacó que Portugal se ha beneficiado del turismo al eliminar las restricciones a los alquileres de corta duración.

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El proyecto que el Gobierno español plantea

El pasado mes de octubre, el Gobierno español dio a conocer el Proyecto de Real Decreto en donde busca crear una ventanilla única digital para regular los alquileres temporales.

La medida regulatoria conseguirá datos sobre los servicios de alquiler con el fin de perseguir el fraude de los alojamientos temporales en toda Europa, permitiendo el intercambio de información con portales de la UE.

Se espera que se pueda ejecutar lista a partir de 2025 para controlar la comercialización de viviendas ilegales.

España enfrenta una fuerte problemática por los alquileres a corto plazo y busca medidas para que los ciudadanos no destinen más del 30 % de sus recursos al alquiler.

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